Al fin, funcionarios de la Fiscalía General de la República son expuestos, evidenciados por valientes empresarios, quienes denunciaron a estos “servidores públicos” tras ser víctimas de vejaciones, abuso de autoridad, extorsiones y robo, en un accionar de los ministeriales muy similar al ocurrido en marzo contra el bar Dassan, por el cual un juez mantiene tras las rejas a Isidro Santamaría, líder de la CTM en la entidad.

Los quejosos acusan a las autoridades involucradas de la fabricación de expedientes plagados de información falsa, mediante los cuales buscan obtener órdenes de cateo, para allanar sus propiedades y domicilios, las cuales se han solicitado con engaños y mentiras para lograr la aprobación de un juez.

Los empresarios denunciaron a los servidores públicos por corrupción, extorsión, abuso de autoridad, robo y lo que resulte.

En dichos cateos, se han violado los derechos humanos, la intimidad de sus familias y su seguridad jurídica, ya que los policías se han conducidos con exceso de violencia, abuso de autoridad, agresiones físicas, insultos, gritos, amenazas de muerte y violaciones a sus familias sino cooperan, creando episodios de pánico durante sus operativos.

Situación muy similar ocurrió el pasado 15 de marzo, cuando basado en una supuesta denuncia telefónica anónima, un funcionario de la delegación de la Fiscalía General de la República encabezó un operativo de cateo en contra del bar Dassan de la zona hotelera de Cancún, en donde se cometieron todo tipo de abusos, vejaciones, violaciones a los derechos humanos de empleados, clientes locales y turistas, así como la privación de la libertad de gente inocente.

Todo empezó con una supuesta llamada anónima de una empleada del lugar de origen venezolano, quien de esta manera –no oficial ante la ley- denunció a la negociación por supuestos actos de prostitución en su interior, así como venta de enervantes, lo cual nunca fue comprobado y pese a ello, el juez ordenó la captura el líder cetemista.

Al grito de “¿dónde está el dinero?” y con una orden de cateo que no mostraron a los ocupantes del domicilio, policías irrumpieron en la residencia del empresario Florian Tudor el pasado 11 de mayo, destruyendo todo a su paso, con golpes y amenazas para intimidar al empresario y su familia que si no ceden les irá peor, según el quejoso.

El empresario Chakib Naif dice sufrir esta situación. Actualmente es vigilado por policías día y noche en sus negocios, incluso perseguido para ceder a negociar una extorsión si quiere que lo dejen en paz, ya que una de sus propiedades ubicada en la llamada “Ruta de los Cenotes” en el municipio de Puerto Morelos, también ha sido allanada mediante una orden de cateo, conseguida, según él, con base en información falsa.

Lo cierto es que estos funcionarios de la FGR actúan con total impunidad, cobijados por ser la “autoridad” en Quintana Roo y actuar así sin que hasta el momento nadie les pueda marcar un alto, representando a una dependencia federal que, a menos en Quintana Roo, históricamente ha dado resultados menores, casi inútiles.

Es tiempo que las autoridades federales de la FGR, el Gobierno Federal de Andrés Manuel López Obrador y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como los consejeros de la Judicatura, tomen cartas ante la gravedad del asunto que deja a los quintanarroenses descobijados, en la total indefensión.