MUJERES VIOLENTADAS EN QUINTANA ROO// Necesariamente Incómoda. Por Graciela Machuca

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Por Graciela Machuca

En Quintana Roo es ampliamente conocida, por lo menos desde hace 27 años, la comunicadora Antonia Salmerón Méndez, quien ha trabajado en diversos medios y oficinas de comunicación social, como lo hizo durante los últimos 12 años y cinco meses en la ahora Fiscalía General del Estado (FGE), en donde alguien decidió que sus servicios ya no son necesarios, y en lugar de proceder a la liquidación conforme a derecho se le ocurrió una campaña de acoso y hostigamiento para obligarla a que firme su renuncia y con ello echar por la borda sus derechos de antigüedad.
Se ha dirigido a diversas instancias gubernamentales para pedir ayuda, pero en ninguna ha encontrado eco y ahora se ha convertido en enemiga número uno de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo, por el simple hecho de exigir que se le respeten sus derechos laborales y si hay alguna razón para que prescindan de sus servicios que se lo argumenten conforme a ley.

Hasta el momento, no ha dado la cara la persona servidora pública que decidió presionar a Antonia para que renuncie y para ello la cambiaron de centro de trabajo y le suspendieron su salario a partir de la segunda quincena de febrero del presente año.
Antonia Salmerón Méndez ha tocado puertas, recurrido a sus jefes inmediatos, pero nadie la escucha. En esta fecha que se conmemora el Día Internacional de la Mujer y que más de una servidora pública, en el discurso, han manifestado dar la vida por las mujeres, a ella nadie la ve, se le esconden, le dan la media vuelta, solo porque pide que se le trate como una mujer con derechos.

En una carta dirigida al gobernador del estado, Carlos Joaquín González, con atención al fiscal General del Estado, Oscar Montes de Oca, fecha en Cancún el 16 de febrero pasado, le solicita: “su apreciable intervención en la revisión de mi caso para que se me liquide conforme a la Ley, tras cumplir mi desempeño de manera institucional al interior de la Fiscalía General del Estado, durante 12 años y 5 meses”.
Hasta el momento esa carta no ha sido contestada como la mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quizás, porque en ella destaca que su actuación como servidora pública “ha sido transparente, honesta y leal, por lo que manifiesto que no tengo ningún registro en contra, como una acta administrativa, amonestación o apercibimiento desde mi ingreso en septiembre del 2006 al primero de febrero del 2019, además estoy al corriente con mis declaraciones patrimoniales y aprobé mi examen de confianza”.
Explica, que ante la reestructuración que realiza la actual administración de la FGE, “requirieron que firme mi renuncia al cargo de subdirectora de Comunicación Social en la Zona Norte, puesto que deje de ejercer en noviembre del 2018, cuando se me comisionó a la dirección de Participación Ciudadana y Prevención del Delito. Fue este 15 de febrero del 2019, que volvieron a solicitar mi renuncia por tercera ocasión, sin alternativa de que me reubiquen a otra plaza”.
Se encuentra en un estado emocional y físico de extrema vulnerabilidad, porque acceder a firmar la renuncia, “es tirar a la basura años de trabajo y ante mi situación económico y sin un ingreso digno, me quedo en la indefensión total para cubrir mis gastos familiares”.
Aclara que en los 27 años que lleva viviendo en el estado, específicamente en Cancún, producto de su trabajo en medios de comunicación y oficinas gubernamentales, posee dos casas, una de las cuales le falta cuatro años para terminar de pagar el crédito hipotecario, además tiene un automóvil que compró de medio uso.
El 28 de febrero de 2019 le envió una carta al maestro Oscar Montes de Oca Rosales, fiscal General del Estado de Quintana Roo; al licenciado Cesar Octavio Ayerdi Hernández, director de Administración y Planeación de la FGE; a la licenciada Santa Cecilia Chávez Gutiérrez, jefa de Enlace Administrativo Zona Norte, con copia al gobernador del estado.
En este documento solicita la intervención de las personas destinatarias, porque a esa fecha no le habían depositado la segunda quincena de febrero, “siendo que me he presentado a laborar de manera habitual en mi horario de trabajo en la dirección de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, ubicada en las instalaciones del DIF Municipal de la región 94”.
Le solicitó al Fiscal “tenga a bien girar sus apreciables instrucciones para que a la brevedad se me deposite a mi cuenta HSBC, el sueldo ya devengado del 16 al 28 de febrero del presente año”. La petición ha sido inútil.
Vuelve a detallar que “luego de tres ocasiones que se me ha requirió que firme mi renuncia, con fundamento en el Artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, no se me ha notificado por escrito cual sea el motivo que propicio la detención de mi sueldo, por lo que legalmente sigo siendo trabajadora de la Fiscalía General del Estado, con 12 años y 5 meses laborando en dicha institución, con número de empleada 15284”.

El caso de Antonia, es uno más de injusticia laboral que se comete en Quintana Roo por parte de instancias gubernamentales y de la iniciativa privada, pero eso sí, este 8 de marzo, los discursos están a todo lo que dan, la prioridad son los derechos de las mujeres, pero para mujeres como Antonia, esos derechos no existen.
El calvario por el que atraviesa Antonia, producto de una decisión de poder, lo vemos repetirse en miles de mujeres, que por el simple hecho de ser mujeres son víctimas de acoso laboral.

Recordemos los resultados de una encuesta levantada en el 2016 y dada a conocer en 2017.
En Quintana Roo, 35 mil 686 mujeres de 15 años y más sufrieron violencia emocional, física o sexual en el ámbito laboral, pero solo el 8.8 por ciento, es decir tres mil 140 interpusieron algún tipo de queja.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH), del total de los casos, el 91.2 por ciento, 32 mil 546 no levantaron queja o demandaron ante instancias correspondientes.
De las más de 35 mil mujeres violentadas en sus centros de trabajo, 22 mil 321 han sufrido violencia emocional y 23 mil 987 violencia física o sexual. El INEGI aclaró que las cifras no coinciden porque una mujer pudo haber sufrido tanto violencia emocional, física y sexual.