Rafael Martínez Cristo

Cierto es que, con justa razón, la ciudadanía de Playa del Carmen está que hierve, está sumamente molesta debido a la instalación de parquímetros en gran parte de la ciudad, pero también es cierto que esta decisión no fue tomada por la actual administración municipal, sino por la anterior presidida por Cristina Torres.

Resulta por demás justo hacer esta aclaración para evitar malos entendidos, pues no falta -y más bien sobran- aquellos que pretenden achacar la determinación al ayuntamiento encabezado por Laura Beristain Navarrete. Y no es así.

Fue en noviembre de 2017, cuando el gobierno municipal de Solidaridad, insisto, presidido por Cristina Torres, decidió aprobar esta medida impopular que perjudicará directamente a los automovilistas del primer cuadro de la ciudad, y que fue licitada a favor de la empresa Promotora de Reordenamiento Urbano SA de CV.

Este proyecto, hoy repudiado por la inmensa mayoría de la población playense, incluyendo comercios y restaurantes, tiene contemplada la instalación de 5 mil parquímetros en las céntricas calles de Playa del Carmen.

La justificada queja de la población local es que no se pueden entregar las calles a una empresa para que ésta las usufructúe como si fueran propias, cuando es la sociedad la que paga sus impuestos para el uso de las calles, avenidas y banquetas.

Y no menos justificada resulta la aclaración hecha por la presidenta municipal, Laura Beristain Navarrete, quien pidió a su antecesora, Cristina Torres que, así como avaló la instalación de los parquímetros cuando fue alcaldesa, ahora como diputada que revoque dicha concesión inmoral, ante la exigencia de la sociedad playense.

Cabe recordar que la actual administración municipal no puede echar por tierra la concesión firmada por el anterior gobierno y menos aún si ésta fue aprobada por el Congreso en su XV Legislatura.

Por ello es que Beristain pide a Cristina Torres y a los otros 24 diputados que den marcha atrás a esta concesión de los parquímetros, así como a la del agua potable, de Aguakán, ya que ambas son demandas, aclaró, “muy justas de una población que se ha visto afectada por tan malas decisiones de gobiernos anteriores”.

El reclamo de la gente en el corazón de Solidaridad ha sido manifiesto y lo más sensato sería que la ex presidenta municipal, Cristina Torres, reconozca su error y pugne en el seno del Congreso del Estado por revocar la concesión, sin que por ello la diputada termine parándose el cuello.

Se trata de un acto de moralidad y hasta de sentido común… aunque para muchos políticos la moral no es más que un árbol de moras y el sentido común es el menos común de sus sentidos.

La neta…