Rafael Martínez Cristo

Muy en boga está el tema de la actualización de los valores catastrales en los municipios, lo que ha generado cierta ámpula y un supuesto enfado de algunos grupos, empresarios y políticos que mañosamente tergiversan la realidad y que, lejos de buscar un bien social, sólo quieren sacar raja del asunto, politizando, denostando y satanizando esto que es legal y que además representa una necesidad de todo gobierno para brindar obras y servicios de calidad.

Y para hacer su reclamo más estridente, llevan el tema a la Cámara de Diputados, cuyos legisladores abren los brazos para confundir a la gente, queriendo pasar por “adalides de las demandas sociales”.

A esos diputados habría que recordarles -si es que en verdad lo olvidaron-, que la ley dicta que las tablas catastrales deben modificarse cada año, y en el caso de Solidaridad, éstas llevan ocho años de manera intacta, sin modificación alguna, producto de la irresponsabilidad y del miedo al supuesto “costo político” de gobiernos anteriores.

Lo cierto es que hoy existen diputados que se rasgan las vestiduras, cuando hasta ahora no se ha sabido de ninguno que se haya pronunciado por modificar la Legislación, y menos aún, que presente una formal iniciativa para aumentar los años en que los gobiernos municipales deban modificar los valores catastrales.

Entonces, en conclusión, estamos inmersos en una simple faramalla creada por bribones, por payasos acostumbrados a tomar pelo, a aprovechar momentos y circunstancias para tratar de ganar adeptos, para mentirle a la sociedad maquillando la realidad, al hacerse pasar por héroes… héroes de saliva.

Pero no sólo eso. El asunto no se circunscribe sólo a diputados que levantan a voz y no le entran al trabajo legislativo. No, también han reclamado empresarios, líderes de cúpulas empresariales acostumbrados a evadir el impuesto predial para  que, al cabo de unos años, solicitar apoyo y la reducción de su adeudo.

¿Cómo entonces pueden quejarse? ¿Qué les da valor para ir al Congreso a chillar? Si de todas formas van a evadir su obligación tributaria.

Y qué triste que se trata de gente muy cercana a ex alcaldes, a ex funcionarios de alto nivel que seguramente saben -o supieron- la importancia de modificar las tablas catastrales, así como el cumplimiento del pago de predial para que el gobierno funcione, y funcione bien a favor de la sociedad.

Ni qué decir de aquellos que lo han vivido en carne propia, como el ex tesorero de Solidaridad, “Chanito” Toledo o de la ex alcaldesa Cristina Torres, ambos diputados acostumbrados a jugarle al “Tío Lolo”, actuando siempre a conveniencia propia y jamás a favor de la población.

Pero eso sí, ellos -empresarios y diputados- son los primeros en pegar el grito cuando se topan con un bache, lloran al ver una calle sin alumbrado, exigen obras, demandan servicios, reclaman seguridad… Y también son ellos quienes saben, porque lo han vivido, que todo esto cuesta -y cuesta mucho-.

Es un hecho que la tabla de valores catastrales se debe de actualizar para que los predios tengan su valor en el mercado libre, la cual sirve de base para elaborar el avalúo catastral real del predio siendo que, en el caso de Solidaridad, esto no se realiza desde hace ocho años.

En este municipio, la reciente actualización se hizo por zonas favoreciendo a los más vulnerables y al mismo tiempo se revalúen sus propiedades.

Solidaridad es un municipio que hoy se conduce con leyes obsoletas, viejas, arcaicas, por lo que este ayuntamiento ha mostrado interés en modernizar y actualizar la administración.

Esto quiere decir que varios reglamentos de uso diario y muy útiles para la vida en armonía existen y se utilizan como si se tratara un pueblo del pasado. Playa del Carmen necesita estar al nivel de los principales municipios del país, con leyes y reglamentos actualizados que permitan que la operatividad de su administración pública municipal sea óptima, además de darle certeza jurídica a los ciudadanos.

Resulta obvio que todo municipio requiere de servicios e infraestructura para el goce de la ciudadanía, mismos que serían imposibles sin la generación de recursos, del dinero de los contribuyentes conscientes y cumplidos.

En este sentido, para nadie es un secreto que Solidaridad es el municipio que registra el mayor crecimiento urbano-poblacional del país, lo que obliga al gobierno redoblar esfuerzos y utilizar los recursos de manera adecuada, siempre a la luz de la población.

Las pasadas administraciones dejaron un grave rezago, y muchos de los que ahora se rasgan las vestiduras, cuando ocuparon un cargo en el gobierno local, tuvieron la oportunidad de mejorar las cosas, pero nunca lo hicieron. Ahora se atreven a criticar, a juzgar, cuando está visto que lo que menos les importante es el municipio y su gente.

Esta administración le entra a la modernización y a través de la recomposición de las finanzas públicas -sin endeudarse y sin reestructuración- para hacer frente a la demanda de servicios mediante actualización a las leyes y reglamentos.

Hoy este municipio requiere Solidaridad.